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Nota de prensa
Concentración ante las dos viviendas municipales que se encuentran vacías y tapiadas desde hace dos meses producto del desahucio que se produjo este pasado verano de tres familias de la localidad.
A través de esta iniciativa se procede a presentar las diferentes movilizaciones que se impulsarán a lo largo de estos días en demanda de una vivienda digna y contra los recortes en las ayudas de emergencia
Hay que tener en cuenta que el pasado 20 de julio -con nocturnidad y alevosía- la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, decidió desalojar a las tres familias que venían utilizando desde hacía 10 meses las dos viviendas públicas del Hogar Murrieta, que llevaban vacías más de dos años.
A las 11 de la noche del 19 de julio varias patrullas de la Policía Municipal se personaron en estas viviendas. Para dar a estas familias, con varios menores a cargo, un plazo de 12 horas para abandonarlas.
La alcaldesa de Barakaldo desahucia a una familia con tres menores a cargo
Una de las familias consistía en un matrimonio con tres menores a cargo, con edades inferiores a 12 años, y un empleo precario en una contrata que desempeña sus funciones en el Metro y EuskoTren. Producto de esta realidad de precariedad e insuficiencia de recursos para mantener el acceso a una vivienda, decidieron entrar en los pisos vacíos de la antigua alhóndiga de Barakaldo.
Al tener conocimiento de esta decisión de desalojo, varias personas vecinas del barrio decidieron movilizarse para denunciar este nuevo desahucio en el municipio. Esta vez por parte del consistorio fabril. Producto de la presión realizada ante diferentes instancias, y recursos sociales, se consiguió el realojo temporal -por espacio de cuatro meses- de esta familia. Las otras dos terminaron en la calle y sin ninguna alternativa habitacional.
En concreto, esta familia convive en la actualidad con la incertidumbre de que ocurrirá dentro de dos meses cuando se agote el plazo establecido por el departamento de Acción Social para su realojo. Cuando esta familia ha acreditado su inserción laboral en un mercado precarizado y, por lo tanto, con un salario insuficiente para poder llegar a fin de mes y cubrir sus necesidades más básicas.
El Ayuntamiento de Barakaldo incumple la legalidad
El actual equipo municipal (PNV) y su socio de gobierno (PSE) han procedido a este desahucio incumpliendo la legalidad. Sobre todo, teniendo en cuenta que en estas viviendas residían de forma diaria tres menores. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo establece de forma clara que “no se puede proceder a ningún desahucio hasta procurar desde las diferentes administraciones una alternativa habitacional duradera. Más si cabe sí hay menores afectados por la actuación institucional de desalojo”.
En sus diferentes pronunciamientos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala “se ha de dar un alojamiento alternativo estable y servicios/recursos sociales adecuados a la familia afectada por un desalojo ante la evidente situación de precariedad económica y exclusión social”.
Incumplimiento que llega tanto a la jurisprudencia de la Convención Europea de Derechos Humanos o la Convención sobre los Derechos del Niño, en las se señala que “deben ponderarse todos los intereses y derechos en juego para garantizar, como mínimo, que los derechos de los menores afectados no se vean perjudicados”. Normas con rango de ley y obligado cumplimiento para el actual Gobierno local e incumplidos en el procedimiento de desahucio de estas dos viviendas municipales.
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Barakaldo desahucia y, además, recorta derechos
El único logro obtenido a través de este desahucio ha sido volver a dejar estas dos viviendas municipales de nuevo vacías y, además, ahora tapiadas. Cuando cada semana se producen cuatro desahucios en la localidad.
Así y todo, hay que tener en cuenta que esta decisión de desalojar a varias familias de la localidad se adoptó en el contexto de aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento de Barakaldo para este 2016.
En concreto, y con los votos del PNV y PSE, se decidió consolidar las políticas de recortes de los últimos años. Así, se destina la misma asignación económica que en el 2015 (960.000 euros) para las ayudas económicas municipales cuando se han incrementado en un 15% las solicitudes, siendo 2.200 las familias quienes las reclaman ante el equipo de ayudas económicas del consistorio. O 261 familias no percibieron ninguna asignación económica el pasado año “por falta de presupuesto”.
Está claro que este acuerdo presupuestario se alcanza de espaldas a la realidad de incremento de peticiones de ayudas de emergencia ante los servicios municipales: en cuatro años ha aumentado en un 44% las familias que se han acercado a los recursos sociales del consistorio.
No es por casualidad, que ante esta insuficiente partida presupuestaria para las Ayudas Económicas Municipales el departamento de Acción Social decida recortar la asignación económica a percibir por las familias con graves dificultades para llegar a fin de mes:
-Se reduce en un tercio la partida consignada para los gastos de alquiler y/o hipoteca;
-En un 17% para los gastos sanitarios no cubiertos por Osakidetza;
-En un 10% para las necesidades consideradas básicas: alimentación, vestuario y educación;
-Se eliminan las ayudas para el mantenimiento de la vivienda habitual;
- Se excluyen los gastos de adaptación, reparación y/o instalaciones básicas en la comunidad.
Frente a esta realidad de recortes, no es de extrañar que las familias de Barakaldo decidan hacer uso de viviendas municipales que se encuentren vacías, algunas de ellas varios años.
Barakaldo a más… “Ajustes” en los servicios sociales
Recortes que alcanzan a la falta de personal (trabajadoras sociales y personal administrativo) en el departamento de Acción Social, lo que provoca una demora de cinco meses en la atención, tramitación y resolución de los expedientes de las solicitudes presentadas por las familias de la localidad.
Por otro lado, y dando la espalda a esta situación de recortes y emergencia social, ambos partidos han acordado consignar dos millones de euros para los 35 políticos, asesores y cargos de confianza que viven a cuerpo de rey a cuenta del consistorio. ¿Para quién y para qué no hay recursos?
