Protesta de los trabajadores de los juzgados contra los recortes
La asamblea de trabajadores de la Administración de Justicia de Barakaldo llevará a cabo este jueves un funeral “in memorian” del Registro Civil para denunciar el intento del Gobierno de Mariano Rajoy de privatizar este servicio. Frente al palacio de justicia, los trabajadores parodiarán la privatización del registro civil con un cortejo fúnebre en el que no faltarán los angeles exterminadores de los servicios públicos (Rajoy y Gallardón) y una ciudadanía que llorará por tener que pagar por un servicio hasta ahora gratuito y público. Esta movilización se enmarca en la campaña que vienen desarrollando de forma unitaria los sindicatos
CC OO, ELA, LAB, CGT, y UGT contra la privatización del Registro Civil y
de la Administración de Justicia.Nota de prensa
Funeral “in memorian” del Registro Civil y de la Justicia Universal
El Jueves, día 13 de Marzo, a las 11.00 horas frente al Palacio de Justicia de Barakaldo un cortejo fúnebre recorrerá dicha plaza, parodiando el proyecto privatizador de un servicio público más, en este caso el Registro Civil.
• Dos muertes, angeles exterminadores de los servicios públicos (Rajoy y Gallardón) portaran el ataúd junto a dos enterradores vampirescos (dos registradores de la propiedad, que se embolsaran los beneficios de esta privatización), seguidos por varias “plañideras” (la ciudadanía que llorará desconsolada al ver como va a tener que pagar más por un servicio hasta ahora gratuito y público), mientras un obispo dirige el cortejo, el lehendakari Iñigo Urkullu asiste como espectador a la defunción de este servicio público, sin hacer nada por evitarlo.
Este acto, organizado por la Asamblea de Trabajadoras y trabajadores de la Administración de Justicia de Barakaldo, se enmarca dentro de la campaña que vienen desarrollando de forma unitaria los sindicatos CC.OO, ELA, LAB, CGT, y UGT contra la privatización del Registro Civil y de la Administración de Justicia (tasas, mayores dificultades de acceso a la justicia gratuita, supresión de juzgados de paz y de partidos judiciales, alejamiento de la justicia del ciudadano). Ese mismo día y a la misma hora se realizaran concentraciones frente a todas las sedes cabeza de partido, en la C.A.V, excepto en las tres capitales (que ya han realizado concentraciones en días anteriores)
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Tras la filtración a los medios de comunicación de la nota que el Decano del Colegio de Registradores ha remitido a todos sus asociados, queda claro que no sólo no era cierto que el Gobierno del Partido Popular hubiera aparcado el proyecto de privatización del Registro Civil sino que, además, había estado negociando la forma de traspaso a éstos.
En primer lugar queremos denunciar el anteproyecto de privatización del Registro Civil, que quedaría en manos de los registradores de la propiedad y de los Notarios, ya que va a suponer la supresión de un servicio público esencial para el conjunto de la ciudadanía.
Los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia vemos extremadamente grave que se quiera dejar bajo intereses privados los datos de todas y cada una de las ciudadanas y ciudadanos de este país, desde que nacen hasta que mueren, con todas las variables que pudiera haber a lo largo de sus vidas (liquidaciones de sociedades conyugales, emancipaciones, reconocimientos de paternidad, filiación, adopción, tutelas, incapacidades, etc); recordando, al mismo tiempo, que la función de protección de todos estos datos ha estado perfectamente ejercida por el conjunto de los empleados y empleadas públicos que prestan su servicio en los Registros Civiles, al no tener más interés que el del bien común.
Resaltamos que éste, el del Registro Civil, es un servicio por el que todas y todos nosotros nos vemos obligados a pasar más de una vez en nuestras vidas; queriendo informar a la opinión pública que después de haberse gastado 128 millones de euros en la informatización y digitalización de los vetustos libros registrales de nacimiento, defunción y matrimonio de hasta el más pequeño y remoto pueblo del estado español, para conseguir, entre otras cosas, que la ciudadanía pudiera hacer las peticiones vía correo electrónico, o para que ellos mismos, desde sus casas y gracias al D.N.I digital, pudieran sacar sus propios certificados, siempre de forma gratuita. Ahora se regala todo ese gasto público y se deja en manos de intereses privados: de las Notarías y de los Registradores de la Propiedad. Que empezaran a cobrar por estos y otros trámites.
Por eso denunciamos que cuando vayamos a inscribir a nuestras hijas e hijos y recibamos el libro de familia y ese primer certificado de nacimiento, tendremos que pagar; que cuando llevemos a nuestras hijas a la guardería, cuando les escolaricemos, cuando cambien de ciclo, cuando vayan a la universidad, y tengamos que aportar nuevamente ese certificado, también tendremos que pagar; que cuando se nos muera un ser querido, un familiar, y tengamos que pedir un certificado de defunción, muchas veces para darle de baja en la propia administración (Ayuntamientos, Seguridad Social), a pagar; que cuando nuestros mayores tengan que solicitar la Fe de vida para poder seguir cobrando sus pensiones, a pagar; que cuando decidamos casarnos e iniciar el expediente de matrimonio civil, a pagar; que cuando queramos inscribir una adopción, un reconocimiento de paternidad, el matrimonio civil o religioso, un divorcio, o infinidad de asientos registrales más, a pagar. Instaurando un nuevo COPAGO registral, y haciendo recaer en el conjunto de la sociedad nuevos gastos.
Para todas y todos nosotros, trabajadoras y trabajadores de la Administración de Justicia, y analizado fríamente, esta privatización es algo grotesco, e inmoral… Un servicio público esencial, en el que se ha invertido muchísimo dinero público para dar un mejor servicio a la ciudadanía, se deja en manos de intereses privados, convirtiéndolo en un negocio de incalculable valor para unos pocos, que tendremos que pagar entre todas y todos los ciudadanos.
Y, por desgracia, esta reforma no va sola. Si unimos a esto la reciente Ley de Tasas, la de justicia gratuita, la privatización del servicio de notificaciones y los de ejecución, el alejamiento de la justicia de la ciudadanía con la supresión de los Juzgados de Paz y la mayoría de los partidos judiciales, la supresión del Derecho a la justicia universal, ¿en qué queda ese ideal de Justicia Universal y Gratuita?, ¿en qué queda ese derecho fundamental, reconocido, no lo olvidemos, en la propia constitución, a la tutela judicial efectiva?.
Esto no solamente va a suponer una importantísima pérdida de empleo público, en un estado con seis millones de parados, sino que va a suponer la supresión, en gran medida, de otro servicio público esencial, y la vulneración de un derecho fundamental.
Por eso hacemos un llamamiento al conjunto de la sociedad para que tome conciencia de este problema, comprometiéndonos como trabajadoras y trabajadores de esta administración, en la defensa de este Servicio Público y de todos y cada uno de los puestos de trabajo. Recordando que éste no es un hecho aislado, sino que responde a una política de recortes de derechos sociales y laborales brutal , y de ataques sin precedentes a los Servicios públicos y al incipiente estado del bienestar del que empezábamos a disfutar.
